Abogados y cobro electrónico: otra batalla judicial

Un letrado se negó a utilizar este medio como forma de recibir sus honorarios y llevó el tema a la Justicia.
<a href="https://elintransigente.com/economia/2019/05/02/abogados-y-cobro-electronico-otra-batalla-judicial/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2019-05-02T07:41:58-03:00">mayo 2, 2019</time></a>

Un abogado se negó al uso de medios electrónicos de pago y llevó el tema a la Justicia. Así, la Justicia Federal se pronunció sobre exclusión del letrado respecto de esta obligación, en el marco de una demanda entablada por el profesional contra el Estado Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De esta forma, el especialista en Derecho Tributario consideró “indebida” la extensión de la obligación de que los profesionales en derecho acepten como medios de pago las transferencias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago que el Ejecutivo considere equivalentes.

En este sentido, la ley 27.253, promulgada en junio de 2016, estableció la obligación de aceptación de tarjetas de débito por parte de los “contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo y realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles”.

Asimismo, según diariojudicial.com,  la AFIP reglamentó dicha disposición legal mediante la Resolución General 3997, la cual incluyó a los servicios profesionales en esa obligación. Luego, aclaró que “las ventas de cosas muebles así como las obras, locaciones y prestaciones de servicios son aquellas efectuadas con sujetos que, respecto de dichas operaciones, revistan el carácter de consumidores finales”.

En este contexto, la jueza a cargo del caso analizó el artículo 10 del Título II de la Ley 27.253 respecto a la obligatoriedad del uso de esos medios de pago y  consideró que no se advierte en esta normativa vigente que el ejercicio de las “profesiones liberales” se encuentre incluido en ninguna de las categorías establecidas. Además señaló que el legislador en ningún momento incluyó a los servicios que prestan los profesionales universitarios matriculados dentro del grupo de obligados.

En tanto, ya cuando se oficializó el uso del sistema electrónico en abril de 2018, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) se pronunció contra la iniciativa. El principal problema es que cuestionaron la idea de que el trabajo de los letrados este incluido dentro de una relación de consumo

“Los servicios que brindamos los profesionales independientes se hacen ante cuestiones puntuales y a requerimiento del ‘cliente’, es decir, no existe el ofrecimiento directo, de hecho, en muchos Colegios y Consejos Profesionales de existir ese ofrecimiento si no se adecuara a determinados protocoles, sería una falta ética”, sostenían los abogados.

De esta manera, desde FACA argumentó su postura y dijo en cuanto al ejercicio de la abogacía que los profesionales “realizan prestaciones personalizadas, intuitu personae, con limitaciones en la cantidad de asuntos, en la difusión y publicidad de sus servicios. Asimismo, se encuentran excluidos expresamente del ámbito de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor”.

En ese sentido, la entidad sostuvo que “los profesionales que ejercen la abogacía al prestar los servicios propios de su profesión cualquiera sea su condición frente al Fisco (responsable inscripto en el IVA o exento por el Régimen Simplificado) se encuentran fuera del ámbito de obligatoriedad del mandato referido a la exigencia del uso de posnet o terminal electrónica frente a AFIP”.