(BUENOS AIRES).- “Ministro Alonso, lamentablemente el baño de sangre es real. Es absolutamente real”, dijo Jony Viale al cuestionar a quienes, en el debate político, relativizan la responsabilidad individual frente al delito. Jony Viale vinculó sus críticas con la suspensión preventiva por 60 días del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dictada por Marta Elba Pascual dos días después de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.801.
Jony Viale sostuvo: “Lo que está diciendo la diputada Saracho es que nadie elige ser delincuente. O sea, como no tenés plata, tené que robar. Como vivís en una casa de chapa, tené que robar. Tremenda confusión, grave, confusión conceptual”. Al referirse a la diputada, el periodista cuestionó la idea de que las condiciones económicas expliquen por sí mismas la comisión de delitos. El planteo quedó dentro de la disputa política que atraviesa al kirchnerismo y a Unión por la Patria.
Marta Elba Pascual también fue blanco de las críticas de Viale: “. ¿Qué es esto? la eterna romantización de la delincuencia y la jueza es parte de esto”. La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La Ley N° 27.801 redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y permite procesar judicialmente a adolescentes de esa franja etaria por delitos establecidos en el Código Penal. El nuevo régimen prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. También incorpora alternativas como la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y las tobilleras electrónicas.
¿Por qué se decidió suspender el nuevo régimen penal juvenil?
El fallo de Pascual advirtió que la provincia no cuenta con condiciones edilicias, institucionales y profesionales suficientes para alojar a los adolescentes de acuerdo con los estándares de derechos humanos de la niñez. La resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia adoptar medidas inmediatas para hacer efectiva la suspensión. El Congreso asignó $23.739.155.303,08 para financiar la implementación del sistema.
Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal muestran un descenso general de los delitos contra la propiedad durante 2025. Los robos bajaron 21,2%, con 399.676 hechos y una tasa de 861,6 casos cada 100.000 habitantes. La provincia de Buenos Aires concentró 118.868 robos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 57.824 y Córdoba, 52.014. Los robos agravados por lesiones o muerte aumentaron 45,3% a nivel nacional y se concentraron principalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Los hurtos, en cambio, descendieron 17%, con 326.285 denuncias. Las estafas virtuales quedaron como el único delito contra la propiedad con una curva ascendente.
La audiencia convocada por Pascual se realizará el 16 de septiembre en la sede del tribunal. Allí, las autoridades bonaerenses deberán informar qué medidas implementaron, cuáles proyectan y en qué plazos adecuarán el sistema al nuevo régimen. El cruce planteado por Viale continuará así ligado a la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y las condiciones concretas para aplicar la ley en la provincia.
