(BUENOS AIRES).- “En la comunidad se ha expresado con bastante claridad el deseo de impedir que los visitantes argentinos entren en las islas”, dijo Michael Goss, integrante del órgano legislativo isleño. El pedido de un grupo de residentes de las Islas Malvinas apunta a prohibir el ingreso de argentinos, aunque Goss reconoció que el marco legal vigente impide hacerlo directamente por ahora.
Los residentes relacionan el reclamo con visitas en las que, según sostienen, se despliegan banderas de Argentina y carteles que niegan que las islas sean británicas. Goss aludió a imágenes de personas que corren por la calle principal de una de las islas con esas enseñas o con réplicas de la bandera que desplegó la Selección argentina tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El 15 de julio, los jugadores mostraron una tela con la inscripción Las Malvinas son argentinas; después, veteranos argentinos llevaron una versión de esa bandera al Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.
El límite que planteó Goss es jurídico: “Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, afirmó. Su respuesta separa el reclamo de algunos residentes de la posibilidad de aplicarlo: una prohibición directa no está disponible por ahora.
La Asamblea Legislativa analiza medidas para frenar nuevos incidentes, pero todavía no anunció restricciones aprobadas ni detalló qué herramientas evalúa. “En este momento, estamos examinando las primeras etapas de un conjunto de medidas y procedimientos para intentar frenar situaciones de este tipo. Sin embargo, en última instancia, todo depende de lo que legalmente podamos hacer. También es una cuestión de gestión administrativa, sobre todo si se contempla la implementación de medidas para retirar estos elementos”, explicó Goss.
Goss defendió una postura más firme frente a quienes, a su entender, usan sus viajes para promover una agenda política. “Debemos asegurarnos de no seguir presenciando incidentes recurrentes protagonizados por personas que ‘visitan las islas Malvinas para promover una agenda política’. Eso es inaceptable”, sostuvo. Su planteo apunta a las manifestaciones vinculadas con la soberanía durante las visitas, no a atribuir esa conducta a todos los viajeros.
La disputa diplomática y el trasfondo petrolero
La tensión entre Argentina y el Reino Unido también se agravó por el endurecimiento de las sanciones argentinas a empresas involucradas en la explotación petrolera en las islas, una decisión rechazada por el gobierno británico. En la Asamblea General de la ONU, Javier Milei mencionó el reclamo de soberanía y acusó al organismo de “mirar para otro lado”. A comienzos de septiembre, el Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios y denuncias contra personas y firmas vinculadas al proyecto Sea Lion. El 28 de septiembre, la Casa Rosada anunció el inicio de un arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Desde 1999 rige un esquema que volvió a permitir las visitas de ciudadanos argentinos, sujetas a condiciones migratorias. Para ingresar a las Islas Malvinas, deben acreditar alojamiento, pasaje de salida, fondos suficientes y seguro médico de evacuación; los permisos de visitante son por un mes. La Asamblea todavía debe definir qué medidas puede llevar adelante dentro del marco legal vigente.
